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IGUALDAD = INTEGRACIÓN
La necesidad de actos concretos que
favorezcan la verdadera integración
Por : Libia Betancourt
Durante los últimos años
hemos sido testigos de los intentos que hace la CE por aplicar el
principio de igualdad de trato en todos los ámbitos sociales de
acuerdo con la Directiva 2000/43/CE, que a lo largo de sus
consideraciones y articulado prohíbe la discriminación basada en el
origen racial o étnico porque “puede poner en peligro la consecución de
los objetivos del tratado de la comunidad europea en particular la
consecución de un alto nivel de empleo y de protección social, la
elevación del nivel y la calidad de vida, la cohesión económica y social
y la solidaridad y también puede hipotecar el objetivo de desarrollar la
UE como un espacio de libertad, seguridad y justicia”, y
establece que “la actuación específica en el ámbito de la discriminación
debe ir más allá del trabajo y abarcar ámbitos como la educación, la
protección social, incluida la seguridad social y la asistencia
sanitaria, las ventajas sociales, la oferta de bienes y servicios y el
acceso a los mismos a tal fin.
La Directiva
contempla también una importante acción positiva con el fin de
garantizar la plena igualdad de trato en la práctica, relacionada con
que el Estado miembro obtenga o adopte medidas específicas para prevenir
o compensar las desventajas que afectan a personas de un origen racial o
étnico concreto y dispone que además, el Estado miembro cree los
procedimientos judiciales y administrativos que permitan y agilicen la
puesta en practica de la igualdad de trato al mismo tiempo que sanciona
al Estado que no disponga de medidas suficientes para evitar la
desigualdad.
Aparejadas a la
necesidad de garantizar la igualdad de trato a través de la Directiva
mencionada y otras disposiciones relacionadas, encontramos las políticas
de integración de los diferentes países y, en España, las que crean e
implementan las diferentes Comunidades Autónomas a través de los
municipios como la administración más cercana a los inmigrantes y los
pobladores en general cuyas decisiones afectan directamente al ambiente
de convivencia dentro de su jurisdicción.
Las políticas de
integración han contado con recursos económicos suficientes y generosos
como lo demuestra la asignación que se hace al Fondo Europeo para la
Integración de 825 millones de euros para el período 2007-2013. Sin
embargo, no siempre la existencia de partidas dentro de los
presupuestos, garantizan el éxito de lo que pretenden financiar. Es
necesario, que las políticas de integración cuenten con la voluntad
política de cambiar lo que impida este propósito si en realidad es la
integración lo que se busca.
Según lo afirma la
segunda edición del Manual de Integración recientemente traducido y
publicado, “ Una Europa próspera necesita ciudadanos activos que vivan
juntos en sociedades integradas. En la medida en que los inmigrantes
continúan llegando y estableciéndose en los países europeos, forman
parte de estas sociedades y configuran su futuro con diversas
contribuciones sociales y económicas” y añade “El hacer frente a las
desigualdades en la vida económica, la educación y otras áreas es una
tarea que deben afrontar todos los actores gubernamentales y no
gubernamentales, aunque los responsables de la elaboración del marco
legislativo tienen una responsabilidad especial. Los elementos de la
ciudadanía cívica como por ejemplo la seguridad de la vivienda, el apoyo
a la vida familiar, la facilidad del proceso de naturalización y la
no discriminación revisten una importancia capital puesto que son
conceptos asociados con el término de ciudadanía social: participación,
movilidad social y servicios personalizados. Estos conceptos pueden
ponerse en práctica fijando normas a escala nacional y europea,
estableciendo códigos de conducta para las prácticas administrativas y
suprimiendo los obstáculos legales innecesarios.”
Los inmigrantes de
terceros países hemos ido siempre un paso adelante en lo que percibimos
que debe ser la integración porque somos quienes sufrimos las políticas
ideadas y sus carencias. Pero nuestra participación es poca e
inconsulta.
Todo lo anterior se hace
necesario para decir que los venidos de países no comunitarios a la
Comunidad Autónoma de canarias, estamos afectados en lo relacionado con
las políticas de integración, por situaciones concretas y particulares
que dificultan que se lleve a cabo en forma ágil y eficiente.
Algunas de nuestras
diferencias y dificultades hacen relación entre otras, con la lejanía de
la península, la existencia de la doble insularidad y un partido
político nacionalista que ejerce influencia en esta Comunidad y que
promueve políticamente, la identidad canaria y que entiende la llegada
de inmigrantes como una amenaza a todos los ámbitos sociales
especialmente el laboral, la sanidad y la educación, aunque los estudios
y las estadísticas demuestran lo contrario.
A través del trabajo
común de las Asociaciones de inmigrantes, se han detectado problemas de
integración y se pretende comenzar a solucionarlos, tarea que se
presenta como el mayor reto no solo para las asociaciones como
negociadores válidos del colectivo extranjero, como para los políticos
de las islas y nacionales, quienes demostrarán su verdadera voluntad de
integrar a los nuevos ciudadanos cumpliendo con ello, las directivas que
contemplan y obligan a la integración y a la igualdad de trato aunque
ello conlleve la derogación o modificación de normas que lo impidan.
El reto primero y
concreto que las asociaciones de extranjeros de terceros países se
proponen como Unión de Asociaciones de Extranjeros no comunitarios –UEX-
es precisamente la modificación de la normativa que establece un
descuento del 45% y que si el nuevo Gobierno de Canarias cumple sus
recientes promesas electorales, llegará al 50% para los billetes de
barco y de avión concedida a los residentes en Canarias.
De la exposición de
motivos de la normativa, se desprende que la condición necesaria para
este descuento es la residencia habitual en Canarias lo cual implica que
una persona de origen canario que no resida en Canarias, no tiene
derecho a este beneficio.
Para poder exigir
nuestro derecho a este descuento, tenemos los siguientes argumentos:
1.- Los miles de
inmigrantes extracomunitarios que habitan en las islas canarias, son
residentes y pueden probarlo con el empadronamiento.
2.- Los miles de
inmigrantes extracomunitarios que habitan en las islas canarias, pagan
los impuestos que debe pagar cualquier otro ciudadano español. Y esos
dineros forman el presupuesto con que cuenta la Comunidad Autónoma y el
Estado
3.- Las Subvenciones,
Ayudas, Descuentos y cualquier otra denominación que constituyan un
beneficio social, proviene precisamente de los impuestos que pagan
también los inmigrantes extracomunitarios y por ello, también deben ser
sus beneficiarios.
4.- Las políticas de
integración deben estimular la igualdad primero a través de las normas
seguidas de su aplicación impecable lo cual enviará claros mensajes a
los no inmigrantes de que verdaderamente los extranjeros tienen los
mismos derechos que los autóctonos.
“La Experiencia
demuestra que las prácticas de integración son más eficaces si se basan
en un mensaje político coherente, a saber, que la integración de los
inmigrantes no se considera un lujo, sino simplemente un elemento del
mandato de una institución”
Por todo lo anterior, La
Unión de Asociaciones Extranjeros no Comunitarios- UEX, solicita a
Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE que en el decreto para el
descuento de billetes de avión y barco se incluya a los extranjeros
residentes legales en Canarias, en virtud del principio de la Igualdad
de trato de que habla la Directiva 2000/43/CE, así como de la coherencia
que los gobiernos nacionales y autonómicos deben observar con respecto
al pensamiento europeo y en general, a los artículos pertinentes de la
declaración de los derechos humanos. Solicitamos que se corrija de
inmediato el trato discriminatorio que castiga a miles de trabajadores
legales y propicia el surgimiento de una nueva categoría de ciudadanos
de segunda en la Unión Europea con iguales obligaciones pero inferiores
derechos frente al resto de la población.
La Unión de Asociaciones
Extranjeros no Comunitarios en Canarias estará atenta a la receptividad
de está solicitud por parte de los partidos políticos conciente además
que estos podrán acceder a un escaño más en el Senado en las próximas
elecciones gracias principalmente al aumento de la población proveniente
de trabajadores y familias de extranjeros no comunitarios. |
